La Sociedad de Alquiler cerrará el año con 5.400 contratos y pérdidas
de 7,2 millones
La Sociedad Pública de Alquiler (SPA) cerrará este ejercicio con
5.400 contratos de arrendamiento firmados, algo por debajo de los 5.500 previstos inicialmente y con unas pérdidas acumuladas en sus dos primeros años de actividad de 7,2 millones de euros, frente a los 10 previstos en su plan de negocio.
20/12/2007
Así lo avanzó ayer el presidente de la SPA, Alejandro Inurrieta, durante su comparecencia en la
Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de los Diputados, en la que explicó que a noviembre d
e este año el número de entradas había sido de casi 27.000 inmuebles, de los que casi 5.000 (4.940)
fueron rechazadas por problemas de calidad, 17.382 fueron evaluadas y 5.192 entregadas a sus
inquilinos.
De ese total de pisos alquilados, 4.000 son propiedad de particulares y 600 de empresas privadas,
mientras que el resto pertenecen a diferentes administraciones y organismos públicos, entre los
que se encuentra la Junta de Extremadura, los ayuntamientos de Las Palmas e Ibiza o la Seguridad
y la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface). De cara al próximo año,
Inurrieta manifestó que espera que aumente el número de empresas privadas que dejarán en manos
de la SPA la gestión de su patrimonio en alquiler, tanto libre como protegido, dado que en el
mercado hay 'cada vez más promotores interesados en dedicarse al alquiler'.
Vivienda en Cataluña
Así, Inurrieta consideró que la labor de este organismo en sus poco más de dos años de actividad
está sirviendo para dinamizar 'un mercado raquítico que está arrancando'. Sin embargo, para el
portavoz del PP en dicha comisión, Pablo Matos, los datos de gestión de la SPA constatan el
fracaso de una empresa pública que firma '192 contratos al mes de media, lo que dividido entre
52 provincias, resulta algo más de tres viviendas al mes por provincia'.
Por otra parte, el parlamento catalán dio luz verde ayer a la Ley del Derecho a la Vivienda,
con los votos a favor de los grupos del tripartito (PSC, ERC e ICV-EUiA) y los contrarios de
los de CiU y el PP, que rechazan el alquiler forzoso de pisos desocupados. El PP amenaza con
recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional, según aseguró ayer su portavoz parlamentaria
Carina Mejías.
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