Más de 5.000 autónomos trabajan en la economía sumergida para eludir los impuestos
No se dan de alta en la Seguridad Social para evitar el pago de la cuota y del
IRPF, entre otros El sector espera que el nuevo estatuto haga aflorar a los profesionales clandestinos
4/9/2007
El comercio, los oficios como la electricidad o la fontanería y hasta la hostelería tienen en su propia casa al
peor enemigo laboral y empresarial: los trabajadores ilegales. Entre 5.000 y 6.000 en la provincia, según
cuantifica la Organización de Profesionales y Autónomos (OPA). Es decir, un 10% de todo el colectivo, que en la
provincia gaditana está formado por casi 56.000 personas.
Esta realidad, que perdura pese al paso del tiempo y los mayores controles de Hacienda, es una de las lacras de
una actividad, la de por cuenta propia, que aunque aún dista mucho de equipararse a la de los asalariados, está
abriéndose camino gracias al nuevo estatuto profesional y a planes específicos de ayudas como el de la Junta de
Andalucía, según concluye el presidente nacional de esta entidad, Camilo Abiétar.
La razón principal por la que subsiste este importante movimiento de economía sumergida es el ahorro que obtienen
al eludir el pago de la cotización a la Seguridad Social, en la que, por supuesto, no están dados de alta como
corresponde «desde el primer día del mes en que inicia su actividad», según estable la legislación laboral.
Desde 200 euros
Actualmente la base mínima es de 200 euros (el máximo son casi 3.000 euros) y a través ella se cotiza a las arcas públicas
dentro de la categoría llamada RETA (régimen especial de trabajadores autónomos) para, posteriormente, poder disponer de
una pensión de jubilación.
Sin embargo, éste es sólo el primero de los pagos obligados que evitar, porque tampoco realizan una
declaración verídica de sus ingresos conforme al Impuesto de la Renta de Personas Físicas ni cumplen
correctamente con otros tributos como el IVA o, incluso, si procede, el Impuesto de Sociedades.
Ahora, con el nuevo marco estatutario que entrará en vigor a nivel nacional el próximo 12 de octubre,
la Organización de Profesionales y Autónomos confía en que haga aflorar a un número importante de
irregulares y, en consecuencia, permita aumentar la recaudación pública con la que garantizar
prestaciones sociales como bajas o la misma jubilación. Sin embargo, pese a que se confirme este efecto
positivo, esta organización no aminorará su reivindicación para que la Administración aumente la presión
sobre este colectivo ilegal: «Es una de nuestras grandes denuncias -asegura Abiétar- y las
administraciones deben tomar cartas en este asunto, poner coto a esta clandestinidad porque supone una
competencia desleal para el sector que muchas veces es consentida», según el responsable nacional.
Los sectores donde tiene mayor incidencia esta economía sumergida son el comercio y los servicios,
sobre todo en actividades como la peluquería, la fontanería, la pintura o la electricidad, además
de la hostelería. Pero además el impacto de esta competencia desleal es mayor en Cádiz que otras
localidades por el elevado número de profesionales pero también por tratarse de una zona costa,
donde la Organización de Profesionales y Autónomos tiene constancia de que haya mayor número de
casos que en provincias del interior.
El comercio, amenazado
Ante esta situación, Camilo Abiétar demanda a las administraciones una ayudas hacia este
colectivo «en lugar de agravarle las condiciones» para el ejercicio de su actividad, sobre
todo porque aunque el nuevo estatuto suponga un salto cualitativo para estos profesionales,
«todavía queda mucho para estar en igualdad de condiciones y prestaciones» que los asalariados.
De entre las actividades con mayor presencia de estos trabajadores, el responsable nacional de la OPA
llama la atención sobre las dificultades de subsistencia que atraviesa el comercio tradicional debido a
la «competencia atroz» que sufren desde las grandes superficies.
A su juicio, este sector es el que necesita un mayor apoyo público y una mejoría en su
ordenación y regulación, sobre todo de horarios y jornadas festivas. De lo contrario, apostilla
Carmelo Abiétar, para los profesionales de esta actividad terciaria será «muy difícil poder
conciliar» la vida laboral con la familiar» y mantener unas buenas condiciones de trabajo.
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