El Gobierno se anticipa a la crisis
Zapatero ultima un plan de choque para paliar la desaceleración económica
17/03/2008
José Luis Rodríguez Zapatero será investido presidente en tres semanas. Pocos días más tarde
designará al equipo que se enfrentará a lo que algunos denominan desaceleración y unos pocos
llaman directamente crisis. Comandados por Pedro Solbes, que fue confirmado como vicepresidente
incluso antes de las elecciones, los ministros del área económica tendrán que tomar decisiones
para reactivar una coyuntura castigada últimamente por los datos negativos de inflación y desempleo.
A continuación, se anticipan algunas de estas
medidas.
PROYECTOS FISCALES Rebaja de 400 euros
Es la única medida con fecha concreta de aprobación. El primer Consejo de Ministros del nuevo
Gobierno, que previsiblemente se celebrará el 11 de abril, dará el visto bueno al mayor señuelo
fiscal del PSOE en la precampaña. Se trata de devolver, mediante una rebaja en las retenciones,
400 euros a los contribuyentes de IRPF (asalariados, pensionistas y autónomos) que abonen a Hacienda
al menos esa cantidad. Los trabajadores notarán la rebaja ya en la nómina de junio, con una
inyección inmediata de 200 euros. La otra mitad se distribuirá a lo largo del segundo semestre.
INFLACIÓN Observatorio de precios
El Gobierno pretende rastrear el proceso de formación de precios desde el origen hasta la venta
final. El objetivo es averiguar en qué eslabón de la cadena se hincha artificialmente el margen
de beneficio, una práctica que lastra el bolsillo del consumidor. Ese control, ensayado otras
veces con escaso resultado, se traducirá en un observatorio de precios, a cargo, previsiblemente,
del Ministerio de Industria y Comercio. Este departamento no ha empezado aún a trabajar.
"Estamos en funciones", argumenta una asesora.
PLAN DE EMPLEO 350 euros
El plan para facilitar la recolocación de los parados en un momento de repunte del desempleo
figura entre los proyectos más avanzados. Si se cumplen los pronósticos, también el primer
Consejo de Ministros aprobará esta medida, que prevé ayudas de 350 euros mensuales durante
tres meses para parados sin protección, además de complementos para vivienda, guardería y
transporte, pendientes de concretar con sindicatos y empresarios. Asimismo se contratará a
1.500 orientadores de empleo para reconducir a los parados a un puesto adecuado.
APOYO A LA CONSTRUCCIÓN Más obra pública
El presidente lo anunció en la precampaña: ha ordenado "a los ministerios inversores que
aceleren las licitaciones de obra pública con el fin de facilitar la actividad del sector
y promover el empleo" para compensar el parón en la construcción de viviendas. Los
responsables de Fomento se pusieron a ello y han licitado en los dos primeros meses de
este año 5.040 milones de euros, casi el doble de la media de la pasada legislatura,
según el ministerio. El pasado viernes, el Gobierno autorizó a Fomento un gasto de
9.025 millones de euros a cargo de próximos ejercicios. AENA, organismo gestor de
los aeropuertos, asegura que va a adelantar proyectos no previstos para este año por
valor de 1.600 millones. Entre ellos destaca la redacción del proyecto para el
edificio satélite de la terminal Sur de Barcelona. Seopan, la patronal de las
constructoras, alaba la idea de acelerar las licitaciones y asegura que el superávit
de las cuentas públicas posibilita que este año se pueda dedicar un crédito
extraordinario a infraestructuras, según el vicepresidente de la patronal, Julián
Núñez.
ALIVIO HIPOTECARIO Ampliar el plazo gratis
El nuevo Gobierno se ha propuesto aflojar, aunque sea mínimamente, la soga que rodea
el cuello de las familias con más problemas para pagar su hipoteca. Como anunció Solbes
en plena campaña, los que tengan "especiales dificultades económicas" podrán alargar
el plazo del crédito sobre su piso sin coste alguno. Solbes no especificó en su día
los requisitos que debían cumplir esas familias con dificultades para beneficiarse
de la medida y el ministerio tampoco lo ha concretado hasta ahora.
Otra de las dudas que pende sobre esta iniciativa es de qué bolsillo va a salir. El
Gobierno tiene que reunirse próximamente con entidades financieras, notarios y
registradores para estudiarlo. Según cálculos de este periódico, el ahorro de una
familia a la que le queden por pagar entre 100.000 y 200.000 euros rondaría entre
230 y 350 euros.
La ampliación del plazo choca con la doctrina que el Gobierno había mantenido en la
legislatura anterior. Porque la misma persona que lo anunció, Pedro Solbes, había
asegurado en junio de 2007 su preocupación por las hipotecas a 50 años. "Creo que
deberían estar más vinculadas a la vida profesional de las personas, es decir,
volver a una duración de 20 o 25 años. Las hipotecas a más largo plazo tienen
riesgos que no se perciben a primera vista, pero que hay que considerar",
afirmó.
FOMENTO DEL ALQUILER Facilitar el desahucio
Ya lo anunció la ministra de Vivienda cuando presentó su programa de impulso al
alquiler. Pero el departamento que ha dirigido Carme Chacón en el último tramo
de la legislatura no ha tenido tiempo para aprobar antes de las elecciones la
reforma de la legislación para aumentar las garantías de los propietarios que
ponen sus pisos en alquiler. Chacón adelantó en septiembre que agilizaría los
juicios para reclamar la deuda, que el plazo para la enervación -la segunda
oportunidad que la ley concede a los inquilinos morosos- se reduciría a 15 días,
y que la incomparecencia del demandado al juicio equivaldría a la aceptación del
desahucio. Entonces no hubo tiempo, y el Gobierno quiere retomar cuanto antes
esta iniciativa.
COMPETENCIA Lucha contra los carteles
La lucha contra los carteles de empresas (acuerdo sobre precios o reparto de mercados)
es el eje central de la política que pondrá en marcha el nuevo Gobierno para fomentar
la competencia. Para ello, cuenta con un nuevo instrumento: la Ley de Defensa de la
Competencia, que entró en vigor el pasado 1 de septiembre y que fue aprobada por
todos los grupos políticos.
La ley, que ya dispone de reglamento desde hace unas semanas, permite el programa de
clemencia como gran innovación en España. Con él, una empresa implicada en un cartel
puede delatar a las demás para quedar exonerada de una posible multa. Sólo en el
primer día de vigencia del reglamento, seis compañías denunciaron prácticas de
cartel ante la Comisión Nacional de la Competencia.
Promesas condicionadas al ciclo
Rebajas fiscales, cerco al trabajo temporal y un fuerte impulso a la vivienda de
protección oficial. Son los ejes sobre los que gira el programa con el que los
socialistas concurrieron a las elecciones del 9 de marzo.
En materia fiscal, el PSOE alardea de haber rebajado los dos principales impuestos
-IRPF y sociedades- y al mismo tiempo haber elevado la recaudación por el crecimiento
económico. Aunque las promesas de recortes del IRPF quedaban un tanto en el aire -ya
que estaban condicionadas a la situación de la economía y de las arcas públicas-,
los socialistas se han comprometido a eliminar este impuesto a más de 1,6 millones
de contribuyentes. Además de la archifamosa devolución de 400 euros en la cuota
estatal del IRPF.
El programa incluye un objetivo muy ambicioso de nueva vivienda protegida. Tanto en
el volumen como en el plazo de construcción. Porque frente a los 90.000 pisos a precios
más baratos de lo normal que se han iniciado cada año de la pasada legislatura, el PSOE
promete llegar a los 150.000 pisos en ésta. Y así durante la próxima década. De estos
1,5 millones de nuevas viviendas, 900.000 estarían destinadas a la compra, y las otras
600.000 al alquiler. Otra novedad es la apuesta por el alquiler con opción a compra.
En cuanto al empleo, la promesa del partido que ha ganado las elecciones no sólo consiste
en crear más puestos de trabajo, sino también mejores. El objetivo del partido gobernante
es que haya dos millones de nuevos empleos, reducir el paro al entorno del 7% (ahora está
en el 8,6%) y bajar la temporalidad hasta el 25% (ahora, en el 30,9%). Habrá que esperar
cuatro años para verificar el cumplimiento de estas promesas.
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