El Gobierno quiere que las empresas financien 1as jubilaciones anticipadas
El Gobierno está decidido a que las empresas dejen de reducir costes laborales a costa de la Seguridad Social en las prejubilaciones
–entre los 52 y los 60 años– y las jubilaciones anticipadas –entre los 61 y los 64 años –.
22/01/2009
Con este objetivo, y en primer lugar, el Ejecutivo planteará, próximamente, a la patronal y los sindicatos, que las empresas continúen financiando
el convenio especial con la Seguridad Social, a partir de los 61 años, para que el trabajador pueda llegar a los 65 años sin perder cotización y,
por lo tanto, cuantía en la pensión posterior.
Actualmente, cuando, dentro de un expediente de regulación de empleo se plantea una prejubilación, en líneas generales, la empresa está obligada
a financiar el convenio especial con la Seguridad Social hasta los 60 años.
A partir de los 61, y ya dentro de la etapa de jubilación anticipada, es decisión del trabajador continuar con el acuerdo con la Seguridad Social
para no perder pensión. Hay que tener en cuenta que entre los 61 y los 64 años, la jubilación conlleva una reducción en la cuantía de la pensión
que está en función de los años de cotización.
Con ello, al tiempo que las empresas ayudan a la Seguridad Social a soportar el coste de las jubilaciones anticipadas, también hay un planteamiento
dedicado a ayudar a mantener en el mercado de trabajo a las personas de mayor edad.
“Las prejubilación y las jubilaciones anticipadas responden a una época, [como la de la reconversión industrial, en los años ochenta y noventa
del siglo pasado] donde se pensaba que los trabajadores mayores debían hacer hueco a los más jóvenes.
Pero, hoy en día , eso ha cambiado, y un trabajador de 65 años está en las mismas condiciones físicas e intelectuales que estaba entonces una
persona de 50. Cuando tú planteas a un trabajador que a los 61 años debe escoger entre mantener, o no, el convenio con la Seguridad Social,
le estás invitando a que deje la ocupación, cuando en realidad necesita un incentivo para continuar ocupado”, explican las fuentes del Gobierno
consultadas por EXPANSIÓN.
Relacionada directamente con esta propuesta de obligar a las empresas a que continúen financiando el convenio con la Seguridad Social está la de
“reducir al máximo” la incompatibilidad de los prejubilados para seguir trabajando.
El Gobierno planteará a la patronal y los sindicatos modificar las disposiciones legales necesarias, en el Estatuto de los Trabajadores, para que una
persona despedida, que al fin y a la postre es lo que es alguien que sale de la empresa con una prejubilación, pueda desempeñar la misma, o similar,
ocupación que hacía en la empresa en la que estaba.
Con frecuencia, en las prejubilaciones se prohíbe a los trabajadores despedidos que, durante un periodo de tiempo, se pasen a la competencia, o hagan
otro tipo de cosas, susceptibles de ser consideradas como traslado de conocimientos, información, o ficheros clientes. El Gobierno quiere acabar con
lo que entiende que, en muchos casos, “es una rigidez normativa que impide dar trabajo a quienes quieren seguir ocupados”.
Por ejemplo, eso ha ocurrido en la regulación de empleo que está afectando a los trabajadores de Radio Televisión Española. “Estamos tratando peor a los
que son despedidos y quieren trabajar que a los que se jubilan”, concluyen las mismas fuentes.
Por último, el Gobierno quiere evitar que muchos trabajadores afectados por una incapacidad permanente para su trabajo habitual pasen a ser pensionistas,
cuando en realidad pueden hacer otra labor dentro de las empresas.
Guía de las reducciones de plantilla a costa del Estado
¿Qué es la prejubilación?
El proceso por el que las empresas reducen, o rejuvenecen plantillas, despidiendo a los trabajadores mayores de 52 años. Algunas, como Telefónica lo han
planteado hasta con personas de 48 años. La prejubilación no existe como concepto jurídico ni figura entre las prestaciones de la Seguridad Social, pero
es una práctica que está en las relaciones laborales desde la reconversión industrial y minera de los años ochenta.
¿Qué coste tiene para los trabajadores?
Por dos vías. La primera, porque se manda a los empleados a la protección contributiva del desempleo, en la que al tratarse, normalmente, de personas
con una larga carrera laboral, pueden estar hasta dos años. En general, las empresas completan la cotización y el salario.
En el caso contrario, el afectado pierde contribución a la Seguridad Social, porque en el paro cotiza por la base mínima. Por lo tanto, cuando llegue
a cobrar la pensión recibirá menos, o mucho menos, de lo que hubiera tenido en el caso de que hubiese seguido trabajando hasta los 65 años. Por otra
parte, a partir de los 61 años muchos empleados no tienen otro remedio que acogerse a la jubilación anticipada –hasta los 64 años– lo que significa
que tienen un recorte en la cuantía de la pensión en función de los años cotizados y que falten hasta los 65.
¿Qué penalización tiene la jubilación anticipada?
Entre 31 y 34 años de contribución, la reducción en la pensión es del 7,5% por año de adelanto antes de los 65; entre 35 y 37 años, la disminución es del 7%;
del 6,5%, para las personas que hayan cotizado entre 38 y 39 años, y del 6%, para quienes puedan acreditar una cotización de 40 ó más años. Para acogerse a
la jubilación anticipada el trabajador necesita demostrar que ha sido despedido. O, dicho de otra manera, que ha dejado de trabajar en contra de su voluntad.
¿Qué otras consecuencias tiene anticipar la jubilación para la Seguridad Social?
Contribuye a reducir los ingresos y aumentar el gasto, porque eleva el número de años de percepción de la pensión. Esto se debe también al crecimiento de
la esperanza de vida en España, que está entre las mayores del mundo. La media es de 78 años, para los hombres, y 83, para las mujeres.
¿Por qué el Gobierno intenta otra vez reformar las prejubilaciones?
Porque el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha comprobado que, incluso empresas con elevados beneficios, como Telefónica han intentado prejubilar a
trabajadores de hasta 48 años. Por otra parte, Trabajo ha constatado también que muchas compañías están utilizando la recesión para hacer las reducciones de
plantilla que querían hacer incluso cuando la economía iba bien. Las empresas retiraron multitud de expedientes de regulación de empleo durante la huelga del
transporte de 2008, una vez que el Ministerio se negó a aceptarlos.
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