Las pymes denuncian que la morosidad de la Administración las lleva al límite
Las pequeñas y medias empresas aseguran que el retraso en el pago supera lo seis meses, a pesar de que el límite legal está en dos
09/02/2009
Las Administraciones Públicas deben a las empresas unos 33.000 millones de euros y el retraso en el pago supera los seis meses, lo que,
sumado a la crisis económica, ha llevado a las pymes a una "situación límite".
Éste es el diagnóstico de Jesús Bárcenas, presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), quién
asegura que, en este contexto, el Fondo Estatal de Inversión Local impulsado por el Gobierno, que está dotado con 8.000 millones
euros, resulta insuficiente.
La morosidad de las Administraciones Públicas no es un fenómeno nuevo, pero se ha acentuado con la crisis económica y sus
efectos son ahora más negativos porque el acceso al crédito es más difícil para las empresas.
La situación ha llegado a tal punto, subraya Bárcenas, que ahora, aunque un ayuntamiento entregue un pagaré al empresario, el
Banco puede no aceptarlo.
Retrasos por encima de lo legal
Los retrasos en el pago de las Administraciones Públicas, que CEPYME sitúa entre los 180 y los 200 días, muy por encima del tope
legal de 60 días, castigan sobre todo a las pymes, porque, según Bárcenas, las grandes compañías también se están demorando en
el pago a las pequeñas.
Según el presidente de CEPYME, algunas comunidades autónomas han planteado incluso una quita a las empresas para rebajar las
cantidades que les adeudan.
Bárcenas considera que en esta situación el Fondo Estatal de Inversión Local es insuficiente, ya que se trata de ayudas
"finalistas" para proyectos determinados y sólo aliviarán temporalmente el problema.
Los servicios urbanos, los más perjudicados
Uno de los sectores más afectados por la morosidad de las Administraciones es el de servicios urbanos.
La caída de los ingresos de los ayuntamientos por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha elevado de siete a ocho
meses y medio el tiempo que tardan las corporaciones municipales en pagar a las empresas.
El presidente de la Asociación de Empresas de Limpieza Pública (ASELIP), Francisco Jardón, denunció recientemente
la "indefensión" de las empresas de saneamiento y auguró un incremento de la conflictividad laboral en el sector.
Otros sectores afectados por la morosidad de la Administración son el constructor, el de suministros hospitalarios y el de
servicios de jardinería.
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