Google tendrá que olvidar tu pasado
Protección de Datos da por primera vez la razón a
un hombre que desea quitar una multa del buscador - Tus viejos actos te persiguen en la Red
22/01/2008
Todo el mundo investiga a todo el mundo en Google. Es fácil, rápido y efectivo. Si va a
contratar a un empleado, seguramente escriba su nombre en el buscador después de la entrevista,
no vaya a ser que ese simpático experto en marketing tenga un pasado oscuro. Y si conoce a alguien
que le gusta, también es probable que curiosee su nombre en el ciberespacio. Para ver qué ha hecho
el amado a lo largo de su vida. Y quizá encuentre alguna sorpresa: una multa, una sanción por no
pagar a Hacienda o un delito cometido hace muchos años. O información sobre usted que alguien ha
introducido. Google no tiene piedad ni conoce lo que significan la reinserción o la cancelación
de los antecedentes penales. Puede convertirse en una cadena perpetua, en el lugar donde queda
grabado cualquier pecado, real o inventado. Para siempre.
Imagine que le condenan a los 18 años por robo, por conducir bebido, por una pelea, por tráfico
de drogas o por cualquier otro delito. Si el Gobierno le indulta, se publicará en el Boletín
Oficial del Estado -porque así lo dictamina una ley decimonónica que jamás imaginó que existiría
Internet, ni la versión electrónica del BOE-. En ese momento se alegrará mucho del perdón del
Gobierno, pero años después puede que ese indulto se convierta en una pesadilla: aunque gane
el Premio Nobel y escriba 35 libros sobre neurocirugía, seguirá apareciendo su delito en
Internet. ¿Tiene derecho el afectado a pedir que esos datos no sean rastreados por el
buscador? Sí, siempre y cuando la información no sea de interés general, un hecho noticioso
, y cuando exista un "motivo fundado", como el respeto a la dignidad y el derecho al honor.
La Agencia de Protección de Datos ha dado la razón, por primera vez, a un ciudadano que
así lo ha solicitado. El caso es el siguiente: a un subdirector de colegio le ponen una
multa por orinar en la calle. La sanción no se puede notificar en persona y se publica
en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), en papel y en el formato electrónico.
Los
robots de Google encuentran la información y, cada vez que los alumnos meten el nombre
de su subdirector, allí aparece lo que hizo un buen día de 2006.
El hombre, desesperado, habló con Google. Pero le respondieron que si el Boletín Oficial
de la Provincia no eliminaba los datos, ellos no podían hacer nada. Explicaban que aunque
quitaran la página ofensiva de sus índices, los robots, que rastrean la web cada pocas
semanas, volverían a encontrarla y a añadirla. Así que el subdirector del colegio acudió
a la Agencia de Protección de Datos. No se resignaba a que su sanción apareciera en
Internet por los siglos de los siglos.
La Agencia había resuelto un asunto similar en 2004: un particular protestaba por un indulto
publicado en el Boletín Oficial del Estado. Cualquiera podía ver el delito cometido hace
años y la condena impuesta. El afectado pidió que el BOE cancelara sus datos, pero la
Agencia le respondió que eso no era posible, que la ley hacía obligatoria la publicación.
Pero el subdirector de colegio cambió de estrategia y ganó. No pidió que el boletín oficial
borrara los datos, sino que Google no los rastreara ni los hiciera públicos. En una
resolución de 20 de noviembre de 2007, la Agencia de Protección de Datos le reconoce
el derecho a oponerse a que el buscador maneje la información relativa a su multa. No
sólo pide la cancelación -es decir, que desaparezca la sanción de sus índices
actuales- sino que va más allá: Google tiene que encontrar los medios para que esa
información no vuelva a aparecer en el futuro. La Agencia dice que la Ley de
Protección de Datos y la de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico amparan al profesor. Y que la publicidad universal de la sanción
a través de Google atenta contra su dignidad.
"Cabe proclamar que ningún ciudadano que ni goce de la condición de personaje público
ni sea objeto de hecho noticiable de relevancia pública tiene que resignarse a
soportar que sus datos de carácter personal circulen por la Red sin poder reaccionar
ni corregir la inclusión ilegítima de los mismos", dice la resolución, que
concluye instando a Google a "que adopte las medidas necesarias para retirar
los datos de su índice e imposibilite el acceso futuro a los mismos".
Pero la batalla no ha terminado. Google, aunque no ha recurrido la resolución,
insiste en que sin la colaboración de la Diputación Provincial, sin que ellos
bloqueen los datos de la multa del boletín oficial -lo que pueden hacer
fácilmente, sólo incluyendo un código en la página, según asegura una portavoz
de Google-, los robots de búsqueda volverán a encontrarla. Y señalan que
tendrán que volver a hablar con Protección de Datos para ver cómo lo resuelven.
Cada vez llegan más casos de este tipo a la Agencia: particulares que intentan
impedir que su intimidad se difunda por Internet de forma ilimitada. Una mujer
recurrió para impedir que apareciera en Google una incapacidad permanente que
se le había reconocido -y que además estaba recurrida-. Le han dado la razón:
el buscador tiene que cancelar ese dato. Y lo mismo ha ocurrido con un abogado
que pidió a una empresa responsable de un foro que eliminara el siguiente
comentario: "¿Alguna persona conoce o tiene referencias sobre un abogado
llamado J. L. P.? Muchas gracias". Se trata de algo aparentemente más inocuo
que dar publicidad a una condena o una multa, pero la Agencia de Protección
de Datos ha considerado que el letrado no tiene porqué soportarlo.
"Se trata de un tema nuevo y complicado en el que es importante examinar
cada caso de forma individual para ver cuáles son los intereses y derechos en
juego", indica una portavoz de la
Agencia de Protección de Datos. La intimidad
tiene un límite: el derecho a la información, pero tiene que tratarse de
datos "de interés general por las materias a que se refieren y por las
personas que en ellos intervienen", como ha señalado el Tribunal Constitucional.
¿Qué ocurre con las noticias publicadas en los periódicos -y en su versión
digital-? En principio, no se pueden suprimir a petición de los afectados,
pero existen algunos mecanismos de corrección. Por ejemplo, si hay algún dato
erróneo, se incluye a buen tamaño dentro de la propia noticia una fe de errores.
Así se hizo en este diario con una información relativa a una deuda con Hacienda
de la modelo Martina Klein en la que la cantidad era equivocada.
Pero, ¿y si no hay un error? ¿Qué ocurre cuando se publica una detención o una condena
en primera instancia y después la persona es absuelta? "Hemos recibido algunas peticiones
en este sentido", explica Mario Tascón, director general de contenidos de Prisacom. "Cuando
sólo había papel, la información quedaba empolvada en la hemeroteca, pero ahora se mantiene
en Internet y aparece en los buscadores. El criterio que estamos siguiendo con los afectados,
como otros medios, es pedir sentencias firmes. Si las hay, las incorporamos a la información
publicada en su día de forma. Hay que ver cada caso y aplicar el sentido común", concluye.
Los casos que han dado lugar a resoluciones de la Agencia se refieren a datos que aparecen
en Internet sin que el usuario lo desee ni lo sepa. Pero también está empezando a haber
problemas cuando la propia persona introduce información sobre sí misma. Como en Facebook,
un sitio en el que uno escribe un historial de vida para compartir con la comunidad y
donde se pueden incluir las creencias religiosas, preferencias sexuales o la ideología.
Es importante saber que lo que un día se añade es lento y complicado borrarlo después.
Y no sólo los amigos van a verlo: algunas empresas están empezando a consultar los
perfiles de Facebook en sus procesos de selección de personal. Así que los futuros
jefes podrían ver si fue usted un activo militante universitario o si es bisexual
o mormón.
Como las situaciones son nuevas, e inimaginables hace 15 años, los criterios cambian a ritmo
vertiginoso. Así que si su pasado en Internet le atosiga, no se quede parado. Puede que los
organismos administrativos, judiciales o las propias empresas responsables le ayuden a poner
fin a su condena cibernética.
|
